Por: Pedro Zamora Briseño/PROCESO
COLIMA, Col., 8 de octubre (apro).- Autoridades federales aplican una campaña de acoso contra ambientalistas que se oponen a la construcción de una planta regasificadora en las márgenes de la laguna de Cuyutlán, denunció hoy la organización Bios Iguana.
En junio pasado, representantes de Bios Iguana y pescadores interpusieron una demanda penal por delitos ambientales en contra del consorcio asiático KMS, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y autoridades municipales de Manzanillo, debido a la construcción de un relleno de 6 mil 500 metros cuadrados en las inmediaciones de la laguna.
En respuesta, la CFE interpuso una demanda por sabotaje y lo que resulte contra defensores del ambiente y pescadores de la laguna de Cuyutlán, denunció Esperanza Salazar Zenil, coordinadora general de Bios Iguana.
"Se trata de una desesperada respuesta ante las movilizaciones civiles en contra de la ilegal e inmoral instalación y operación de la regasificadora y de otros proyectos industriales que pretende impulsar en esa zona", acusó.
El 14 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) citó a declarar a unas 20 personas, quienes desde entonces han sufrido amenazas y actos de intimidación que buscan debilitar la movilización y participación por la defensa ambiental de la laguna y de las oportunidades para desarrollar la pesca artesanal.
La denuncia contra los ambientalistas fue formulada por el representante de la CFE, Julio Chapa Garza, y el representante de la empresa KMS, Motoshi Asahara y, si se les encuentra responsabilidad, podrían alcanzar penas de hasta dos años de cárcel o multas de hasta 50 mil pesos.
Según Salazar Zenil, con este hecho "se evidencia públicamente la complicidad entre la CFE y directivos de KMS, igualmente que las autoridades federales responsables del cuidado del medio ambiente están protegiendo a las empresas privadas que sólo destruyen el entorno natural, desplazan comunidades y generan mayor pobreza en nuestro país".
Mencionó que el proyecto de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo, cuya primera piedra fue colocada el 15 de julio de 2008 por el presidente Felipe Calderón, plantea de manera directa la destrucción de ocho hectáreas de manglar de la laguna de Cuyutlán, el cuarto humedal más grande en el Pacífico mexicano.
Además, abundó, con la operación de la planta se pondrán en riesgo las mil 300 hectáreas de mangle que integran el cuerpo lacustre.
La dirigente ambientalista advirtió que el relleno que se realiza en el vaso lacustre afectará los ciclos reproductivos del camarón y de especies de escama, aparte que modificará el flujo hidrológico de la laguna, lo que violenta claramente el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre.
Así mismo, señaló que con la instalación de la planta regasificadora se intenta despojar a 600 familias de pescadores de un bien público que genera oportunidades de empleo y desarrollo al menos a 3 mil personas de manera directa, más los servicios ambientales que genera el cuerpo natural de la laguna y que sufrirán severos impactos negativos de manera permanente.
Esperanza Salazar refirió que el clima de hostigamiento que sufren quienes se oponen a la destrucción de la laguna de Cuyutlán constituye una forma de "criminalizar" la participación ciudadana y la lucha social, así como una maniobra para amenazar o llegar a detenciones temporales o definitivas, para acallar la protesta social.
En junio pasado, representantes de Bios Iguana y pescadores interpusieron una demanda penal por delitos ambientales en contra del consorcio asiático KMS, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y autoridades municipales de Manzanillo, debido a la construcción de un relleno de 6 mil 500 metros cuadrados en las inmediaciones de la laguna.
En respuesta, la CFE interpuso una demanda por sabotaje y lo que resulte contra defensores del ambiente y pescadores de la laguna de Cuyutlán, denunció Esperanza Salazar Zenil, coordinadora general de Bios Iguana.
"Se trata de una desesperada respuesta ante las movilizaciones civiles en contra de la ilegal e inmoral instalación y operación de la regasificadora y de otros proyectos industriales que pretende impulsar en esa zona", acusó.
El 14 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) citó a declarar a unas 20 personas, quienes desde entonces han sufrido amenazas y actos de intimidación que buscan debilitar la movilización y participación por la defensa ambiental de la laguna y de las oportunidades para desarrollar la pesca artesanal.
La denuncia contra los ambientalistas fue formulada por el representante de la CFE, Julio Chapa Garza, y el representante de la empresa KMS, Motoshi Asahara y, si se les encuentra responsabilidad, podrían alcanzar penas de hasta dos años de cárcel o multas de hasta 50 mil pesos.
Según Salazar Zenil, con este hecho "se evidencia públicamente la complicidad entre la CFE y directivos de KMS, igualmente que las autoridades federales responsables del cuidado del medio ambiente están protegiendo a las empresas privadas que sólo destruyen el entorno natural, desplazan comunidades y generan mayor pobreza en nuestro país".
Mencionó que el proyecto de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo, cuya primera piedra fue colocada el 15 de julio de 2008 por el presidente Felipe Calderón, plantea de manera directa la destrucción de ocho hectáreas de manglar de la laguna de Cuyutlán, el cuarto humedal más grande en el Pacífico mexicano.
Además, abundó, con la operación de la planta se pondrán en riesgo las mil 300 hectáreas de mangle que integran el cuerpo lacustre.
La dirigente ambientalista advirtió que el relleno que se realiza en el vaso lacustre afectará los ciclos reproductivos del camarón y de especies de escama, aparte que modificará el flujo hidrológico de la laguna, lo que violenta claramente el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre.
Así mismo, señaló que con la instalación de la planta regasificadora se intenta despojar a 600 familias de pescadores de un bien público que genera oportunidades de empleo y desarrollo al menos a 3 mil personas de manera directa, más los servicios ambientales que genera el cuerpo natural de la laguna y que sufrirán severos impactos negativos de manera permanente.
Esperanza Salazar refirió que el clima de hostigamiento que sufren quienes se oponen a la destrucción de la laguna de Cuyutlán constituye una forma de "criminalizar" la participación ciudadana y la lucha social, así como una maniobra para amenazar o llegar a detenciones temporales o definitivas, para acallar la protesta social.
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